COMPAÑERA

Hoy 25 de noviembre se conmemora -que no se celebra, porque no hay nada que celebrar- el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 64 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex-parejas en España en lo que va de año, de ellas 16 en Andalucía (son 9 más en el conjunto del Estado y 2 más en la Comunidad Autónoma), suponen un coste humano, social y moral absolutamente inaceptable en una sociedad que aspira a llamarse justa, moderna y avanzada.

La violencia ejercida contra las mujeres hunde sus raíces en el machismo más deleznable, en el patriarcado dominante durante siglos en las sociedades de cualquier punto del globo. Por eso, adjetivarla como doméstica es un error, un grave error. Ese calificativo induce a confusión, porque sugiere que estamos ante acciones cuya reprobación ha de desplegarse en la intimidad, en la privacidad. Y no es así. El escarnio que ese tipo de conductas produce a la colectividad ha de traducirse en un reproche social público, claro e inequívoco.

Las Cortes Generales aprobaron una Ley integral al inicio de la pasada legislatura. Fue la primera que el gobierno socialista remitió al Parlamento nacional. A su amparo se han creado juzgados específicos de violencia de género, se han formado profesionales, se han incrementado recursos humanos, medios técnicos y materiales para combatir esta lacra... Pero hay una cuestión esencial en la que es preciso incidir como en ninguna otra: la prevención. Y ésta solo será eficaz si se desarrolla en los estadios más primarios de la formación de la personalidad de los individuos. Sólo si en los colegios, si en el ámbito familiar coeducamos a nuestros hijos e hijas en valores de igualdad, de respeto, no discriminatorios, podremos encarar con optimismo renovado el futuro. Es necesario que los niños y niñas, que los y las jóvenes interioricen "nuevos modelos de masculinidad basados en perfiles igualitarios y no de superioridad del sexo masculino sobre el femenino". Piensen en que una de cada cinco víctimas del terrorismo machista en España este año tenía menos de 31 años.

A instancias del grupo socialista, el Parlamento de Andalucía acaba de aprobar por unanimidad una Proposición no de Ley que insta al gobierno andaluz a impulsar políticas que incidan y potencien los aspectos reseñados (el entrecomillado forma del texto de esa iniciativa). Es un buen paso, pero es preciso implementarlo con otros. Desde aquí, y como homenaje a todas las mujeres que han sido objeto de maltrato por aquellos que nunca fueron sus compañeros, y singularmente en memoria de las que perdieron sus vidas a manos de ellos, animo a todos y a todas a no bajar la guardia sobre este problema, a no minimizarlo, a no hacer ningún tipo de chanza soez y mendaz al respecto; a asumir el valor de la igualdad como un elemento crucial de la educación de nuestros menores.

Decía Mario Benedetti en aquel hermoso poema, Hagamos un trato,

Compañera,

Sabe usted que puede contar conmigo,

No hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo.

No creo que sea necesario decir mucho más.

APROBADAS LAS LEYES LOCALES

Con tantas cosas en planta, y con esto del facebook, todo hay que decirlo, tengo muy abandonado el blog. Había que retomar la actividad bloguera, y no se me ocurría mejor motivo para hacerlo que el que da título a estas líneas. El pasado viernes día 11 fueron publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) las conocidas como leyes locales, que el Parlamento aprobó el 26 de mayo y que ya han sido remitidas al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su publicación y entrada en vigor en los plazos previstos.
He tenido el honor de representar a mi partido en el trámite parlamentario de tan importantes leyes. Sin menospreciar ninguna de las que se han aprobado o se van a aprobar durante esta VIII Legislatura andaluza, las leyes locales, por afectar a una de las piezas claves de nuestro sistema político, tienen una dimensión, una proyección especial. En palabras de los Consejeros responsables de ambos proyectos, Pizarro y Martínez Aguayo, las nuevas leyes tienen carácter estatuyente.

El gobierno andaluz y el PSOE de Andalucía han tenido la determinación y la firmeza de llevar a buen puerto este proyecto político, posible porque la primera Ley de nuestra tierra, el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007, incorpora un enfoque moderno del municipalismo, superador de viejas concepciones que situaban a lo local en una posición casi de subordinación frente a las demás Administraciones públicas.

La nueva regulación andaluza, pionera en el conjunto del Estado español, otorga a la autonomía local el estatus que se merece. Las entidades locales, las Corporaciones Locales, son Administraciones públicas, son Estado; no son ni más ni menos que el resto de Administraciones; simplemente tienen un ámbito competencial distinto y las relaciones entre todas ellas han de asentarse en los principios de cooperación, lealtad institucional, respeto mutuo y reciprocidad, no desde la dependencia jerárquica.

La autonomía local requiere un marco competencial propio a ejercer desde la financiación incondicionada. Al primer elemento de ese binomio da respuesta la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), que no solo define el derecho a la autonomía local y su principal consecuencia, la potestad de autoorganización, en unos términos que por ambiciosos son desconocidos en todo el Estado español, sino que contiene un elenco de competencias que por su número y contenido material tampoco admiten comparación en otras CC.AA. El segundo, la financiación incondicionada, viene de la mano de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma (PICA). El Fondo de Nivelación proporciona más y mejor financiación a las entidades locales andaluzas, porque su carácter incondicionado les permite a éstas priorizar sus políticas, diseñar su acción política.

La reforma también aborda la transferencia y delegación de competencias de la Comunidad Autónoma a las entidades locales; las relaciones institucionales entre las entidades locales y entre éstas y la Comunidad Autónoma; las modalidades de prestación de los servicios públicos locales, las técnicas organizativas de las entidades locales, etc., etc.

Es en definitiva un avance cualitativo de primer orden que ni la incapacidad para superar tensiones internas de algunos ni los evidentísimos intereses partidarios de otros pueden empañar. Creo honestamente que el tiempo dará la razón a los hombres y mujeres que desde el principio han creído en este proyecto y que han puesto lo mejor de sí mismos para llevarlo a cabo.

EL MUNDO AL REVÉS

Hola de nuevo a tod@s.

Anoche celebramos la primera sesión plenaria ordinaria de este 2010. Como es habitual, hubo bastante debate, lo cual es lógico, razonable y saludable. Para eso, entre otras cosas, está el pleno al fin y al cabo. Se trataron muchas cosas, hablamos por ejemplo de la deuda histórica, algo que ya es historia porque tras casi treinta años Andalucía ha zanjado un viejo contencioso con el Estado español. En contra de lo que sugería el representante de la que quiere consolidarse como alternativa, me refiero claro está al PP, quedó meridianamente claro que, por lo que interesa a los ecijan@s, la construcción de un nuevo hospital en Écija está fuera de toda duda. El tiempo y los próximos acontecimientos nos darán, estoy seguro, la razón.

Pero lo que nos llamó la atención, a mis compañer@s y a mí, fue el debate, por momentos encarnizado, que se suscitó sobre la petición de que la Cámara de Cuentas de Andalucía audite las cuentas del Ayuntamiento entre 2003 y 2008. En los seis años que llevo siendo miembro de la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, que es el órgano a través del cual han de cursar esas peticiones los Ayuntamientos andaluces, hemos tramitado cuantas nos han llegado, que han sido muchas. Lo hemos hecho siempre por unanimidad, y hasta donde me alcanza la memoria, unánimes eran también la inmensa mayoría de los correspondientes acuerdos municipales. Incluso son frecuentes las peticiones de este tipo que llegan al Parlamento tras que al frente de una Corporación se produzca un cambio de gobierno. Entre las prioridades del equipo municipal entrante, suele estar la de poner en orden las cuentas heredadas del saliente. Normal.

Pretender desacreditar a la Cámara de Cuentas, confundirla con un órgano político, no sólo es un error de bulto; es además un error grave. Podemos discutir sobre cualquier cosa, pero tenemos que ponernos de acuerdo al menos en las reglas de juego. Y la Cámara de Cuentas forma parte de las reglas del juego. Es un órgano de extracción parlamentaria, sus siete Consejer@s los elige el Parlamento, es cierto. Pero no pueden participar en política. Lo prohíben su Ley y su Reglamento. Es por tanto un órgano independiente, que no actúa con criterios políticos sino estrictamente técnicos, jurídicos, económicos, contables, etc. Como cualquiera que lea estas líneas comprdenderá, no son sus Consejer@s los autores materiales de los informes, de las auditorías. Un completo cuerpo de excelentes funcionari@s de carrera, por oposición, se ocupan de ello. Créanme, son de la gente más solvente de toda Andalucía en su terreno.

Las descalificaciones de ayer están por ello fuera de todo lugar. Invito a quien tenga interés a que lea el debate de cualquiera de las comparecencias que con regularidad mantiene el Consejero Mayor en el Parlamento para informar de tal o cual dictamen. Todos los representantes de los grupos políticos comienzan sus intervenciones felicitando a la Cámara y a su personal. Se trata de un ejercicio de cortesía, pero también de una firme convicción en las instituciones de las que nos hemos dotado.

Porque, además, la actuación de la Cámara de Cuentas excluye, en el territorio andaluz, la del Tribunal de Cuentas estatal, de acuerdo con la Ley. Frente a esta realidad, alegar con ligereza facilona eso de "que sea el mismo Tribunal de Cuentas el que diga que no le corresponde", es una salida por peteneras, impropia de una Administración pública. Es como pedirle a un frutero que nos venda carne... qué sé yo, piensen en el ejemplo que les dé la gana. El Estado de las Autonomías es un Estado descentralizado, y de la misma manera que el Ministerio de Educación o el de Sanidad no gestionan los colegios andaluces ni el SAS, el Tribunal de Cuentas central no audita a los Ayuntamientos andaluces. Así de simple.

Por eso, que sea justo un partido nacionalista el que reclame la intervención del Tribunal de Cuentas estatal... bueno, roza ya el esperpento.

Como lo roza que sea la oposición la que cuestione el hecho de que sea el gobierno el que solicite ser auditado. Lo decía más arriba; lo normal es que tras una alternancia en el poder, la formación política que se hace con él pida que se investigue a la anterior, ni siquiera por suspicacia, por mera prudencia. Si lo solicita un gobierno sobre su propio mandato, ¿qué recelo puede haber?

No se trata de que el gobierno busque ningún titular. El titular estuvieron a punto de darlo ayer algunos grupos de la oposición con su inexplicable postura.

Lo dicho. El mundo al revés.