Anoche celebramos la primera sesión plenaria ordinaria de este 2010. Como es habitual, hubo bastante debate, lo cual es lógico, razonable y saludable. Para eso, entre otras cosas, está el pleno al fin y al cabo. Se trataron muchas cosas, hablamos por ejemplo de la deuda histórica, algo que ya es historia porque tras casi treinta años Andalucía ha zanjado un viejo contencioso con el Estado español. En contra de lo que sugería el representante de la que quiere consolidarse como alternativa, me refiero claro está al PP, quedó meridianamente claro que, por lo que interesa a los ecijan@s, la construcción de un nuevo hospital en Écija está fuera de toda duda. El tiempo y los próximos acontecimientos nos darán, estoy seguro, la razón.
Pero lo que nos llamó la atención, a mis compañer@s y a mí, fue el debate, por momentos encarnizado, que se suscitó sobre la petición de que la Cámara de Cuentas de Andalucía audite las cuentas del Ayuntamiento entre 2003 y 2008. En los seis años que llevo siendo miembro de la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, que es el órgano a través del cual han de cursar esas peticiones los Ayuntamientos andaluces, hemos tramitado cuantas nos han llegado, que han sido muchas. Lo hemos hecho siempre por unanimidad, y hasta donde me alcanza la memoria, unánimes eran también la inmensa mayoría de los correspondientes acuerdos municipales. Incluso son frecuentes las peticiones de este tipo que llegan al Parlamento tras que al frente de una Corporación se produzca un cambio de gobierno. Entre las prioridades del equipo municipal entrante, suele estar la de poner en orden las cuentas heredadas del saliente. Normal.
Pretender desacreditar a la Cámara de Cuentas, confundirla con un órgano político, no sólo es un error de bulto; es además un error grave. Podemos discutir sobre cualquier cosa, pero tenemos que ponernos de acuerdo al menos en las reglas de juego. Y la Cámara de Cuentas forma parte de las reglas del juego. Es un órgano de extracción parlamentaria, sus siete Consejer@s los elige el Parlamento, es cierto. Pero no pueden participar en política. Lo prohíben su Ley y su Reglamento. Es por tanto un órgano independiente, que no actúa con criterios políticos sino estrictamente técnicos, jurídicos, económicos, contables, etc. Como cualquiera que lea estas líneas comprdenderá, no son sus Consejer@s los autores materiales de los informes, de las auditorías. Un completo cuerpo de excelentes funcionari@s de carrera, por oposición, se ocupan de ello. Créanme, son de la gente más solvente de toda Andalucía en su terreno.
Las descalificaciones de ayer están por ello fuera de todo lugar. Invito a quien tenga interés a que lea el debate de cualquiera de las comparecencias que con regularidad mantiene el Consejero Mayor en el Parlamento para informar de tal o cual dictamen. Todos los representantes de los grupos políticos comienzan sus intervenciones felicitando a la Cámara y a su personal. Se trata de un ejercicio de cortesía, pero también de una firme convicción en las instituciones de las que nos hemos dotado.
Porque, además, la actuación de la Cámara de Cuentas excluye, en el territorio andaluz, la del Tribunal de Cuentas estatal, de acuerdo con la Ley. Frente a esta realidad, alegar con ligereza facilona eso de "que sea el mismo Tribunal de Cuentas el que diga que no le corresponde", es una salida por peteneras, impropia de una Administración pública. Es como pedirle a un frutero que nos venda carne... qué sé yo, piensen en el ejemplo que les dé la gana. El Estado de las Autonomías es un Estado descentralizado, y de la misma manera que el Ministerio de Educación o el de Sanidad no gestionan los colegios andaluces ni el SAS, el Tribunal de Cuentas central no audita a los Ayuntamientos andaluces. Así de simple.
Por eso, que sea justo un partido nacionalista el que reclame la intervención del Tribunal de Cuentas estatal... bueno, roza ya el esperpento.
Como lo roza que sea la oposición la que cuestione el hecho de que sea el gobierno el que solicite ser auditado. Lo decía más arriba; lo normal es que tras una alternancia en el poder, la formación política que se hace con él pida que se investigue a la anterior, ni siquiera por suspicacia, por mera prudencia. Si lo solicita un gobierno sobre su propio mandato, ¿qué recelo puede haber?
No se trata de que el gobierno busque ningún titular. El titular estuvieron a punto de darlo ayer algunos grupos de la oposición con su inexplicable postura.
Lo dicho. El mundo al revés.
