REPÚBLICA

Hace unos días realicé una prueba cuyo resultado intuía de antemano. Pregunté a unos cuantos amigos y amigas, cuarentones y cuarentonas como yo, si se les sonaba de algo la fecha del 14 de abril. Ninguno supo contestarme. Sin embargo, todos y todas, la inmensa mayoría personas progresistas, desde luego ninguna conservadora, recordaban perfectamente el significado de la del 18 de julio. Repetí el experimento con mi compañero de carreras matutinas, vespertinas desde que el cambio de hora nos ha privado de la luz suficiente para trotar extramuros. Él, un chico bastante más joven, me contestó que el 14 de abril era el cumpleaños de su novia (por cierto, se equivocó en dos días, menos mal para él que con ella no mantuvo el error).

La ley de Memoria Histórica que las Cortes Generales aprobaron al final de la pasada legislatura, es una herramienta jurídica y sobre todo política, necesaria para que cicatricen unas heridas que ni la Transición ni los años sucesivos han sabido o podido cerrar. Las víctimas del franquismo, su memoria, merecen el resarcimiento de todo tipo, moral en primer término, del escarnio del que fueron objeto durante los durísimos años de la contienda y sobre todo durante las largas décadas de la dictadura. Porque nunca hay que olvidar que, como alguien dijo una vez, a la guerra no le siguió la paz, sino la victoria.

Ése ha sido el primer y primordial objetivo de la Ley 52/2007. Pero los esfuerzos no pueden agotarse ahí. Las generaciones actuales y singularmente las venideras tienen derecho a saber que la II República supuso el primer intento serio y riguroso de hacer de España un país moderno, que pudiera incorporar a su acervo político y cívico la cultura de los valores de libertad, igualdad y democracia. Sin embargo, la II República sigue siendo hoy el periodo peor conocido de nuestro siglo XX. Eso explica, aunque no justifica, la equidistancia que muchos ciudadanos suelen mantener frente a ella. Una situación que las más elementales razones de justicia material exigen trascender.

Por eso es necesario sacar aquel periodo de nuestra historia reciente del ostracismo al que ha estado sometido tanto tiempo. Pero hay que hacerlo sin estridencias ni exabruptos. El orden constitucional es el que es, y goza, ahí es nada, de la mayor legitimidad posible en democracia: la del refrendo del pueblo, libremente expresado. La tarea debe discurrir por la senda de la información objetiva, de la pedagogía, de la puesta en valor de un texto constitucional, como es el de 1931, en el que el actual de 1978 se inspira y no poco (compárense, por ejemplo, los Títulos III y I de una y otra Constitución; más de uno se llevará una sorpresa).

El propósito de esa labor, al menos según lo conciben estas líneas, no es reformista ni rupturista. Se trata simplemente de un ejercicio de responsabilidad. Una democracia de las más avanzadas del mundo como es la española no puede seguir pretiriendo sin más sus propias raíces.